(Fuente: LA NACIÓN) Mientras la familia tradicional era nuclear, biparental y procreativamente autosuficiente, los nuevos formatos parecen muy distantes de esa estructura única en la que la mayoría de nosotros nos criamos. Esta policromía familiar cuestiona el concepto mismo de filiación según quién lo enuncie y sobre quién se emita el juicio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de distintos tipos de familia? ¿De lo genético? ¿De lo vincular? ¿Del género? ¿De lo social?
La socióloga Irène Théry, autora de un informe que ha sentado las bases de la ley francesa que prohíbe la homoparentalidad, rechaza la idea de que una pareja homosexual pueda ser considerada progenitora en el marco de un modelo social o legal: «Si permitimos que las parejas homosexuales puedan adoptar -declaraba en una entrevista publicada en 1998 por Le Nouvel Observateur – esas niñas/os tendrán dos madres o dos padres, lo que resultará en una negación de la diferencia sexual. Pero la humanidad es sexuada; así es como se reproduce».
En una línea crítica semejante, la filósofa feminista Sylviane Agacinski señalaba que al hacer de la filiación una construcción social, extraña a la sexuación , se olvida el lazo de filiación que une a un niño con sus padres. Si el orden humano, social y simbólico confiere a los individuos una doble filiación, masculina y femenina, continuaba esta autora, «no es por los sentimientos que pueden vincular a los padres entre sí, ni por los deseos que los animan o por el placer que se producen, es en razón de la condición sexuada de la existencia humana». Sin embargo, las tecnologías reproductivas logran su objetivo, que es hacer nacer en múltiples combinatorias según lo que pide el cliente. Lo que resulte de esas combinatorias no es del ámbito de la tecnología reproductiva sino un desafío para otro ámbito del conocimiento que se interroga qué aparato psíquico genera este «progreso tecnológico»: ¿igual, diferente, desconocido?
Oponiéndose a la premisa de que los niños, para crecer bien, necesitan de un padre y una madre, los defensores de la homoparentalidad replican que no es necesario que haya un padre o madre real para que haya en el psiquismo infantil un concepto simbólico de los progenitores. También declaran que, por añadidura, las críticas hacia el borramiento de la diferenciación sexuada no toman en cuenta que las tecnologías reproductivas ya han alterado el significado de este «hecho» natural, basándose en la premisa que supone que los dos miembros de la pareja que son el padre y la madre «reales» de un niño o niña están presentes en las familias actuales. Premisa que, a su vez, puede ser puesta en tela de juicio, ya que no es raro que los padres abandonen el hogar para formar otras familias y hasta corten todo lazo con sus hijos.
Estudios de campo sobre cómo estos formatos no tradicionales afectan a los niños en Occidente concluyeron que la calidad de la familia importa más que su composición o la orientación sexual de los padres. No obstante, pese a los vínculos positivos intrafamiliares, se advirtió que los niños criados en familias homoparentales crecen intimidados por la composición de su núcleo familiar porque suelen mostrar una exacerbada preocupación por la mirada ajena. Ante estos datos, los defensores del formato de familia homoparental señalan que a menudo, y desde siempre, los niños se avergüenzan de sus padres, independientemente de su condición homo o hetero: sufren si se nota que los padres tienen alguna adicción; si hay violencia; si llevan una vida promiscua; si alguno de los progenitores o hermanos posee capacidades diferentes; años atrás, hasta si los padres vivían separados. Y alegan que los responsables del estigma que el niño corre el riesgo de padecer son los prejuicios encarnados en los individuos y las instituciones que los perpetúan.
Es cierto que hubo un tiempo en que el esclavo era asimilado a la hacienda de la casa o en que las mujeres eran vistas como incapaces de ejercer el voto, y que en el presente nadie pondría en duda nuestro sistema de creencias en torno de esas prácticas. Pero también es cierto que las familias homoparentales constituyen un experimento social, de allí que, como en tantas otras lides, la validez de las razones y la fuerza de los argumentos sólo podrán ser probadas o refutadas con el tiempo. Por el momento, confrontados a estas posiciones irreconciliables, parecería que sólo podemos navegar en las aguas de lo conjetural.
Una vez reconocida esa incertidumbre, la homoparentalidad puede significar sin embargo una oportunidad para favorecer la adopción de niños por parte de estos nuevos formatos de parejas, si bien los precedentes mundiales parecen indicar que los homosexuales que han formado familias no se acogen a la adopción convencional: en nuestro país, a las parejas heterosexuales se suman en el presente las parejas del mismo sexo que se resisten a enfrentar los obstáculos que la ley les impone, y valiéndose de las técnicas de reproducción asistida para traer chicos al mundo renuncian a emprender el sinuoso trayecto de la adopción legal, atraídos por la posibilidad reciente de que uno de los integrantes de la pareja posea un vínculo de filiación con el niño. Incluso aquellos que desean adoptar legalmente, en el marco jurídico vigente en nuestro país -donde un hombre o una mujer solteros están facultados para adoptar-, uno de los miembros de la pareja homosexual puede adoptar un niño sin dar a conocer su orientación sexual.
La adopción, por su exigencia misma de renuncia al narcisismo en la búsqueda de la filiación genética es una de las expresiones más entrañables del compromiso de brindar amor. Y aunque ningún adulto tiene el deber de engendrar, todo niño tiene el derecho de vivir en un hogar. Pese a ser un proceso destinado a garantizar el derecho del niño o la niña a tener una familia, las demoras interminables en los registros oficiales para completar el trámite de adopción son un caldo de cultivo para la complicidad de profesionales, jueces y funcionarios que lucran con el deseo de un hijo. Según los datos de la Fundación Adoptar, que investiga el tráfico de bebes, sólo el 25% de las adopciones se realizan por una vía legal, mientras que el 75% nace de un acuerdo entre particulares.
Aun cuando los motivos suelan estar fuera de discusión, lo cierto es que la comercialización de un bebe es un delito de apropiación, donde se pierde la identidad de miles de niños robados, vendidos o traficados, en un país donde, desde hace años, se intenta restituir la identidad a los chicos apropiados durante los tiempos aciagos.
En lugar de silenciar estas apropiaciones encubiertas, la búsqueda del bien común debería estas prácticas progresivamente naturalizadas en el imaginario social, facilitando -en el marco de la ley y bajo la tutela del Estado- la adopción.
Más allá de los reparos a estos formatos que puedan ser invocados, si el objetivo de la ley es transparentar las conductas, el Estado, con voluntad política, puede promover una ley de adopción que contemple este nuevo abanico de posibilidades parentales en vista de los miles de chicos que esperan ser adoptados, de otros muchos más que son traficados y de las miles de parejas que desearían adoptar en el marco de la ley
